La autoridad nacional electoral puede tener el mandato
para organizar los programas de educación electoral, pero también es uno de los
recursos disponibles más obvios para las iniciativas de educación electoral no
oficiales. Pueden también haber oportunidades para la realización de
actividades conjuntas de educación electoral a través de alianzas estratégicas
entre la autoridad electoral y la sociedad civil, entre otras. El papel de los
funcionarios electorales se aborda con más detalle en la sección Funcionarios
electorales y educación electoral. Además de los funcionarios de la
autoridad electoral designados, hay probablemente otros organismos
gubernamentales, que son a menudo olvidados, como por ejemplo los ministerios
de información y educación, organismos encargados del registro electoral,
comisiones ejecutivas o legislativas responsables de la educación cívica, o
servicios gubernamentales de apoyo, por nombrar sólo algunos.
Otras ramas del Estado deben ser consideradas como
recursos adicionales. Éstas proporcionan educadores y comunicadores
capacitados, grandes grupos de voluntarios y probablemente acceso a información
o experiencias que pueden ser esenciales durante la planeación e
instrumentación del programa.
Los directorios gubernamentales pueden aportar los antecedentes
necesarios para la evaluación, sin embargo obtener acceso al equipo y recursos
de los departamentos de gobierno requiere un contacto personal y apoyo de los
ministros del gabinete o ministros de estado y, aun más importante, de los
altos funcionarios estatales o servidores civiles.
Los planeadores electorales deberían trabajar con las
autoridades electorales para asegurarse que los departamentos de gobierno y sus
altos funcionarios se mantienen informados y sepan que pueden colaborar con el
programa desde el principio. Esto es especialmente importante si, por alguna
razón, los servidores civiles anteriormente responsables de las elecciones y la
educación cívica han sido excluidos del presente programa y dispersados en
otros departamentos entre una elección y otra.
Pueden existir dudas sobre si se deben utilizar los
servidores civiles o no en situaciones de transición donde ha prevalecido una
estrecha asociación entre el servicio civil y determinado régimen. Si este es
el caso, se tendrá que tener un mayor cuidado al evaluar las recomendaciones
dadas y el personal contratado. No obstante, la experiencia que tiene el Estado
no se gana fácilmente, y en muchos casos no está escrita de forma tal que pueda
ser utilizada por inexpertos.
Como en todas las evaluaciones de un programa, tendrá que
existir un balance entre la utilidad del recurso y el propósito del programa,
así como entre el impacto que el uso del recurso tenga frente a los costos, la
eficiencia y la legitimidad pública.
