Los programas de educación tienen que adaptarse a los recursos
disponibles. Lo cual no tiene que ser una limitación, siempre que los
educadores están conscientes de los recursos de los que disponen antes de
establecer los objetivos y estrategias de los programas educativos.
Además de los evidentes recursos en personal y dinero, los
educadores deben considerar qué otra cosa tiene para ofrecer el país en términos
de infraestructura y el capital social.
En muchas sociedades en transición, en particular a causa
de la guerra, los conflictos civiles, o el estancamiento económico, la calidad de
la infraestructura puede plantear uno de los mayores desafíos a la puesta en
marcha de un programa de educación de los votantes, sobre todo con respecto a la
distribución.
También puede haber desacuerdo acerca de quién es el responsable
de cubrir los costos de ciertas actividades o productos básicos. En algunos casos,
por ejemplo, la ley electoral puede requerir el uso de medios de comunicación
propiedad del Estado para transmitir los mensajes de educación electoral. A menos
que se estipule claramente y sin ambigüedades el uso gratuito del tiempo, entre
el medio de comunicación y la autoridad electoral podrían surgir diferentes interpretaciones
respecto a cuál de sus presupuestos cubrirá los gastos de la radiodifusión.
Una vez evaluados los recursos disponibles, se podría encontrar
que éstos son suficientes para desarrollar los programas necesarios.
Sin embargo, se podrían presentar serias limitaciones. Si
así sucediera, la autoridad electoral puede actuar como catalizador para el
desarrollo de los recursos con que se cuenta. No tiene por qué permanecer pasiva
ante desventajas o escasez, aun cuando necesite elaborar estrategias, especialmente
educativas, que tomen en consideración la reducción de sendos recursos. Puede haber
la posibilidad de obtener recursos del sector privado,
así como de las agencias
internacionales o de potenciar recursos formando asociaciones estratégicas con
la sociedad civil (ver Mecanismos de colaboración
para la educación electoral y la sección Organizaciones sociales
existentes). Al final, los parámetros de la educación electoral tienen que reflejar
una contabilización honesta de los recursos. El presupuesto de la educación electoral
no debe poner en peligro otros preparativos para las elecciones, y la administración
electoral, en general, no debe utilizar recursos que son necesarios para otros propósitos.
