En la delimitación de un mandato
para la educación al votante, las autoridades electorales pueden acudir a la legislación
electoral, si existe, para determinar quién está encargado de esas actividades.
Aún si la ley es explícita en cuanto a las funciones de la información pública y
educativa —muy pocos actos legislativos son explícitos— puede seguir siendo necesario
interpretar la ley con el fin de instrumentarla.
Una vez que se ha determinado cuáles son las entidades que tienen la obligación
jurídica o el derecho legal para instrumentar la educación electoral, el proceso
del desarrollo de metas, objetivos, y parámetros de los programas crea oportunidades
para establecer coaliciones, o alianzas estratégicas, dentro de la sociedad civil
y entre la sociedad civil y organismos de gobierno responsables, como la autoridad
nacional electoral. Mediante la creación de mecanismos de cooperación, autoridades
electorales y grupos de la sociedad civil pueden reducir el costo total de un programa
de educación electoral mientras que aumentan su alcance.
Un acuerdo sobre los propósitos,
metas y parámetros de los programas de educación cívica y electoral puede ser alcanzado
de dos maneras:
La autoridad electoral puede determinarlos
por ella misma y después tratar de convencer a aquellos con quienes desee colaborar.
Este acercamiento presenta numerosas desventajas en términos del tiempo que se requiere
para ofrecer el programa, así como la falta de sentimiento de pertenencia entre
los grupos de la sociedad civil, y la dificultad en llegar a un acuerdo y mantenerlo
a lo largo de lo que dure el programa. En última instancia, estas desventajas pueden
conducir a resistencia o resentimiento de parte de grupos de la sociedad civil,
que a su vez puede afectar la percepción que se tenga de la autoridad electoral
y perjudicar intentos futuros de asociación estratégica.
La autoridad electoral podría
decidir desarrollar una serie de mecanismos para adueñarse de los propósitos, metas
e ideales. Estos pueden incluir:
- Conferencias para educadores
- Reuniones consultivas
- Entrevistas con líderes de la sociedad civil
- Distribución amplia y transparente de la
legislación electoral
- Suministro oportuno de otros documentos
que puedan ser de interés para los educadores, tales como comunicados de prensa,
materiales de capacitación de funcionarios electorales, y materiales de información
pública, por ejemplo,
- Preguntas más frecuentes (Frequently
Asked Questions —FAQs—)
Algunas autoridades temen que estas
actividades retrasen el proceso y lo hagan confuso. Aunque que pueden existir diferencias
de opinión o inclusive controversia pública, estas medidas usualmente culminan en
mejores leyes y programas adecuados que al final ahorrarán tiempo, puesto que no
habrá necesidad de convencer a la gente de la causa o adaptarla a los estándares
establecidos por el programa. El tiempo y el esfuerzo invertidos en este proceso
generalmente se recompensan con éxito a largo plazo.
Para más información o para conocer sobre los arreglos
de organización para la realización de programas de educación electoral, refiérase
a la sección sobre Organización
específica de elecciones.
