Los
partidos políticos permanecen como un componente esencial de un sistema
político democrático en el siglo XXI.
Ha
habido una tendencia desafortunada a ignorar la contribución que los partidos
políticos pueden hacer para la educación electoral y que debe realizar para una
mayor educación cívica. La apatía del elector está directamente relacionada con
la eficacia de los partidos políticos en el desarrollo y comunicación de las
posiciones políticas que fortalecen el interés ciudadano en los asuntos
públicos y de gobierno, y que, debido a su capacidad de respuesta a las
necesidades individuales y sociales, identifica opciones que las personas consideran
suficientemente convincentes para salir y votar.
Esta
tendencia se ha visto impulsada por la creencia de que aquellos con un particular
interés partidario, no son confiables para informar a los electores de sus
derechos o para ayudarles a tomar decisiones, y que generalmente tratarán de
seducir y engañar al ofrecer sólo una cara de la información o que sea errónea.
Es extraño que se confíe en esos partidos para gobernar pero no para tener el
interés público en mente en otros momentos.
Sin
embargo, incluso si cada una de las partes ofrece información sesgada, la libre
circulación de la misma, y las normas bajo las cuales las elecciones modernas
pueden y deben ser conducidas, permite que mensajes e información diversos y
complementarios lleguen a los electores. Existen ciertos sistemas en los cuales
es asumido que el esfuerzo combinado de campañas partidarias, y un organismo electoral
descentralizado eficiente, proporcionarán suficiente información y educación
electoral para cualquier elección particular.
De
ahí la aparente escasez de la educación electoral en democracias largamente
establecidas y su énfasis en momentos de transición. Esta es una suposición
producto de una visión limitada, y pasa por alto las numerosas instituciones que
conducen programas de educación electoral en dichas democracias en tiempos
electorales, sin hacer una clara alusión a que se trata de educación electoral.
Los
educadores responsables de los programas de educación electoral o cívica
deberían por tanto, considerar cómo involucrar de la mejor forma a los partidos
políticos para que contribuyan a sus programas, si a través de una provisión
directa del plan de estudios que haya sido determinado conjuntamente; de impulsar
a sus partidarios para que participen en los programas; del establecimiento y
conducción de sus propios programas de educación, como se hace por muchas de
sus fundaciones partidarias; o, simplemente al tomar en serio la necesidad de
comunicarse, en todo momento y no sólo durante las elecciones, hábilmente o con
fuerza con el público acerca de sus propios programas y del contexto
constitucional que los obliga, por un lado, a una forma particular de
organización y comportamiento y, por el otro, les da la libertad de existir y
competir.
En
los países donde los partidos políticos carecen de recursos, los educadores
pueden incluso considerar formas apartidistas para fortalecer estas campañas.
Algunas posibles opciones son:
- capacitar a candidatos y partidos en
administración y conducción de campañas
- publicación y distribución
independiente de colecciones de los estatutos de los partidos
- cabildear por el libre acceso a los
medios de comunicación manejados por el Estado
- proporcionar a los partidos folletos de
información electoral apartidista, a los que se pueda añadir cierta información
de cada partido, reduciéndoles los costos de impresión
- realizar eventos educativos públicos en
los que candidatos y partidos puedan presentarse ellos mismos al público
Una evaluación del rol de los educadores con respecto a los
partidos políticos deberá considerar el grado en que los partidos representados
en las diferentes legislaturas representan a los ciudadanos en general, y si,
producto de anomalías en el sistema electoral o de las divisiones y exclusiones
socio-políticas existen partidos constituidos —con o sin registro— o
agrupaciones y alianzas políticas informales que debieran ser incluidas en las
tareas de educación. Las interacciones con cada uno de los anteriores dependen
de la situación institucional de cada educador, pues si pertenece a un
organismo creado por mandato legal podría sólo serle permitido relacionarse con
partidos que cuenten con registro. De ser este último el caso, deberían
considerarse alternativas para asegurar que no se excluya de forma sistemática
a nadie por razones de su filiación política, siendo que únicamente se pudiese
acceder a ellas con programas educativos oficiales y no por programas independientes.
