El mandato de educación cívica, aunque sea tomado de la declaración
de una legislación nacional o de la misión pública, es también probable que provenga
o esté influenciado por prácticas internacionales comparables y por los instrumentos
y principios establecidos por países en foros y tratados internacionales.
Una discusión detallada sobre estos principios y su relación
con las elecciones la podemos encontrar en una publicación del Centro para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.1 En una encuesta
de diecinueve instrumentos universales y regionales, la publicación señala que "países
y personas alrededor del globo han reconocido que las elecciones libres y justas
son un punto crucial para la continuidad de la democratización y un medio imperativo
para darle voz a la voluntad de las personas."2
Para alcanzar esto, la publicación pone atención a lo que
considera como elementos comunes de la ley y el procedimiento electoral, que aseguran
que las elecciones estén siendo llevadas a cabo de forma justa y libre y bajo el
mandato de la ley. En relación a la información pública y a la educación al votante
el documento detalla:
124.
El financiamiento y la administración deben proporcionarse para la realización de
campañas objetivas, informativas y de educación electoral apartidista. Dicha educación
cívica es especialmente crítica para poblaciones con poca o nula experiencia con
elecciones democráticas. El público debe estar bien informado sobre dónde, cuándo
y cómo votar, así como sobre la importancia de votar en las elecciones. La gente
debe poder confiar en la integridad del proceso y en su derecho a participar en
éste.
125.
La literatura debe estar enteramente disponible y debe ser publicada en las varias
lenguas nacionales que pudieran existir para ayudar a asegurar la participación
significativa de todos los posibles electores. Los métodos multimedia podrían ser
empleados para dar una efectiva educación cívica a la gente dependiendo de los varios
niveles de alfabetización. Las campañas de educación del elector deberían extenderse
por todo el territorio del país incluyendo las zonas rurales y periféricas.3
El Secretariado de la Commonwealth ha estado involucrado en
gran número de programas para apoyar las elecciones a través de la Comunidad Económica.
Entre 1993 y 1997, se organizaron reuniones alrededor de la comunidad, a las que
asistieron Altos Oficiales Electorales, durante las cuales se sostuvieron discusiones
sobre cómo se podrían mejorar las prácticas electorales y se produjo un documento
sobre práctica electoral titulado, Good Commonwealth Electoral Practice4 (buenas prácticas
electorales de la Commonwealth), basado en los materiales de borrador
y en las discusiones. Más allá de la importancia del documento, las discusiones
fueron una importante base para el intercambio de información y experiencias.
Los principios señalados en el documento están diseñados para
ser aplicados no sólo a elecciones gubernamentales nacionales y locales, sino que
también buscan asistir a las personas en el fortalecimiento de sus propios sistemas
electorales. Por tanto, son presentados como herramientas en vez de como recetas
globales. Como muestra, considere los párrafos que versan sobre la educación pública:
42. Los programas educativos apartidistas, apropiados y efectivos,
aun cuando no son siempre responsabilidad de un cuerpo electoral, son un aspecto
esencial tanto en países donde se está desarrollando una "cultura" electoral,
como en las democracias establecidas. Como tales, deben estar adecuadamente financiados
y profesionalmente organizados, y enfocados a grupos particulares (por ejemplo:
mujeres, grupos minoritarios, los desfavorecidos y niños de colegio). Donde es viable
incorporar prácticas para fomentar las elecciones nacionales a nivel del colegio,
se podrían establecer centros que enseñen procedimientos electorales y educación
al votante.
43. El
fomento, en particular, de la participación femenina en todas las facetas del proceso
democrático merece especial atención.
44. El
costo de los programas de educación pública debe minimizarse mediante el uso de
los medios de comunicación de servicio público ya sea a una tarifa mínima o sin
cobro alguno.5
El documento de la Commonwealth va más allá de la declaración
de las Naciones Unidas al identificar la importancia de la educación electoral/educación
del elector en las "democracias establecidas". Entre 1994 y 1997, la creciente
sensibilidad frente al desempeño democrático y la participación —especialmente frente
a los resultados electorales y el entusiasmo— entre las democracias establecidas
y las emergentes dejó claro que la democracia no puede tomarse a la ligera bajo
ninguna circunstancia.
Como resultado, existe un consenso internacional general sobre
la importancia de la educación electoral y la necesidad de establecer programas
profesionales y de gran efectividad a costos razonables como soporte de las elecciones
y, por extensión, como soporte de una agenda democratizadora más amplia.
Los grupos de observadores internacionales inevitablemente
comentan sobre la conveniencia de los programas de educación y preparación de los
electores. Estas afirmaciones amplían nuestro conocimiento con respecto a aquello
que es necesario para poder asegurar que no sólo existan elecciones libres, justas
y creíbles, sino que también exista un financiamiento adecuado para lograr que
la toma de decisiones y la gobernabilidad en escenarios complejos sean de corte
democrático.
Notas:
1 Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Los Derechos Humanos y las Elecciones — Manual
sobre los aspectos de carácter jurídico, técnico y de derechos humanos de las elecciones [en inglés], Serie
de Capacitación Profesional N º 2 (Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 1994),
1.
2 Ibíd.
3 Ibíd., pág. 17.
4 Commonwealth Secretariat, Good Commonwealth Electoral
Practice, A working document, (London: Commonwealth Secretariat,
1997)
5 Ibíd., párrafos 42-44.
