Inicialmente, los costos de la educación electoral y la educación cívica deben ser considerados desde el punto de vista de la autoridad electoral. Esta es un área donde es posible desarrollar un programa más ambicioso con la sola movilización de recursos contemplados en el presupuesto de otras entidades estatales o de la sociedad civil (ver
Presupuestación y Financiamiento).
Como resultado, una autoridad electoral puede decidir asignar una porción sustancial de sus limitados recursos financieros en aquellas actividades que detonen o movilicen otras. Probablemente también tendrá que disponer de recursos para propaganda y, dado que estos costos son elevados, deseará asegurarse que su impacto sea cuidadosamente considerado (ver Publicidad Comercial).
Debido a la diversidad de gastos que comprende un programa de educación electoral a nivel nacional (propaganda, movilización de gente, producción de materiales, capacitación, educación en colegios e instituciones de servicios, comunicaciones generales y programas educativos), es difícil determinar una norma en particular o una serie de estándares.
Para efectos de un programa de educación electoral, las autoridades electorales pueden optar entre canalizar una proporción más grande del presupuesto, preparar una estimación por votante o una basada en un programa planeado de manera eficiente.
