Los funcionarios oficiales son el recurso disponible más obvio para un programa de educación al votante. Sin embargo, aparte de las autoridades electorales designadas para la tarea, normalmente este tipo de funcionarios es pasado por alto. El papel de los funcionarios electorales esta descrita en detalle en el apartado Función de los Oficiales Electorales.
Otras ramas del Estado deben ser consideradas como recursos adicionales. Éstas proporcionan educadores y comunicadores capacitados, grandes grupos de voluntarios y probablemente acceso a información o experiencias que pueden ser esenciales durante la planeación e instrumentación del programa.
Los directorios gubernamentales pueden aportar los antecedentes necesarios para la evaluación, sin embargo obtener acceso al equipo y recursos de los departamentos de gobierno requiere un contacto personal y apoyo de los ministros del gabinete o ministros de estado y, aun más importante, de los altos funcionarios estatales o servidores civiles.
Los planeadores electorales desearán trabajar con las autoridades electorales para asegurarse que los departamentos de gobierno y sus altos funcionarios se mantienen informados y sepan que pueden colaborar con el programa desde el principio. Esto es especialmente importante si, por alguna razón, los servidores civiles anteriormente responsables de las elecciones y la educación cívica han sido excluidos del presente programa y dispersados en otros departamentos entre una elección y otra.
Pueden existir dudas sobre si se deben utilizar los servidores cívicos o no en situaciones de transición donde ha prevalecido una estrecha asociación entre el servicio civil y determinado régimen. Si este es el caso, se tendrá que tener un mayor cuidado al evaluar las recomendaciones dadas y el personal contratado. No obstante, la experiencia que tiene el Estado no se gana fácilmente, y en muchos casos no está escrita de forma tal que pueda ser utilizada por inexpertos.
Como en todas las evaluaciones de un programa, tendrá que existir un balance entre la utilidad del recurso y el propósito del programa, así como entre el impacto que el uso del recurso tenga frente a los costos, la eficiencia y la legitimidad pública.
