La legislación nacional impacta las funciones de las autoridades electorales
Las elecciones se desarrollan dentro de un contexto legislativo que puede apoyar o inhibir las metas de la educación electoral. Las autoridades electorales desearán considerar, por lo tanto, no solo su propia jurisdicción legislativa sino otra legislación que pueda tener un impacto sobre su habilidad para informar y educar a los votantes y alcanzar la participación popular en procesos electorales. A este respecto, es importante comprender que la autoridad electoral normalmente tendrá que confiar y depender del gobierno electo (o en el caso de sociedades en transición, la autoridad estatutaria) a la hora de preparar y pasar la legislación apropiada.
A diferencia de la mayoría de las directrices legales, no obstante, la legislación relativa a la conducción de elecciones, sistemas electorales, libertad de información y asociación, reunión de fondos políticos y desarrollo de la actividad política, pueden manipularse para beneficiar el partido o régimen de turno. Esto no solo puede tener serias implicaciones para la administración general de las elecciones sino que además puede jugar un rol muy importante en la determinación de la efectividad de las campañas que buscan empujar a la gente a votar y lograr una activa participación ciudadana.
En la primera oportunidad posible, sin embargo, las autoridades electorales desearán desarrollar mecanismos para reducir el impacto de circunstancias políticas particulares en todo tipo de legislación que tenga consecuencias electorales. Dichos mecanismos puede incluir la inserción de ciertos procedimientos electorales dentro de la Constitución, la insistencia en mayorías especiales, o un comité particular y procedimientos de participación pública anteriores a la enmienda.
Una buena legislación electoral facilita la educación al votante
Sumado a lo anterior, existen otras dos consideraciones importantes que ser tenidas en cuenta en una legislación electoral específica.
1) Las tareas de educación e información electoral serán menos complicadas si la legislación y las regulaciones reducen la complejidad y estimulan la participación general.
En particular, la definición de un puesto de votación y una papeleta para específica para votar puede ser restrictiva (y por ende punitiva) o abierta. Los puestos de votación pueden volverse psicológicamente y físicamente más accesibles por el número y locación de los puestos, la calidad y el entrenamiento de los funcionarios, horas de votación, servicios ofrecidos en los puestos de votación y la facilidad de registro.
Generalmente, la presunción es que aquellos que preparan la legislación electoral están a favor de un amplio acceso a las elecciones. Históricamente, sin embargo, este no ha sido siempre el caso. Mientras puede ser necesario que los grupos de interés público se unan a las movilizaciones y programas de educación electoral con el fin de cambiar el sistema, es mucho más efectivo si se desarrolla una legislación que sea en sí misma democrática.
2) La educación no es una actividad neutral.
Darle carta blanca a varios grupos de la sociedad para introducirse en este campo y proveer educación, puede generar bastante miedo, frente a la posibilidad de que se desarrolle una propaganda anti-gobierno, una promoción sesgada proveniente de partidos particulares o simplemente una información incorrecta. La legislación, por su parte, puede ser restrictiva al determinar quiénes pueden proveer la educación y la información al votante. De hecho, mucha de la legislación electoral actual presta muy poca atención al tema de la educación al votante. Aunque esto puede significar que la autoridad electoral es discreta al contratar cuerpos e individuos no estatutarios, las nuevas autoridades encuentran a menudo que en sociedades donde existe una gran demanda educativa y se cuenta con pocos recursos esta práctica de la discreción es muy difícil de ejercitar.
Existen caminos para maximizar estos recursos, siempre y cuando la legislación defina la educación electoral de manera expansiva o por lo menos le dé a la autoridad electoral el poder para acudir a otras organizaciones o individuos nacionales o internacionales.
La legislación electoral debe orientarse a la educación electoral
Por las razones antes mencionadas, tanto las autoridades electorales como cualquier otro tipo de organización con algún interés en una elección, desearán prestar la suficiente atención al programa legislativo y a las leyes individuales que puedan promover u obstaculizar la democracia y la realización de elecciones libres y justas. En particular, desearán asegurarse que las funciones de la educación al votante estén claramente delineadas con el fin de establecer un mandato adecuado y reunir los fondos requeridos.
