Las elecciones normalmente se llevan a cabo dentro de un marco legislativo existente. En sociedades en transición, este marco puede ser muy complejo, con una gran variedad de acuerdos temporales y leyes de una administración anterior o aun peor, con una legislación que temporalmente enmienda o pone plazo a leyes anteriores.
Dentro de este marco pueden existir leyes particulares que tendrán un impacto sobre los programas de educación electoral. Estás deben ser identificadas y controladas para lograr conocer el impacto que tendrán sobre el contenido educativo y la metodología.
Imperativos constitucionales
Cuando rige una constitución, pueden existir una variedad de leyes establecidas en relación con la conducta de la autoridad electoral, su jurisdicción y poderes, así como su alcance fiscal y responsabilidades. Igualmente, la constitución por lo general definirá las calidades y derechos de la ciudadanía, quién califica para votar y los preparativos electorales generales.
La constitución se encargará igualmente de las medidas de seguridad, las responsabilidades de cada departamento de estado ya sea entre sí o hacia el público, y las cuestiones de igualdad y equidad. Definirá las formas de gobierno, y por ende los alcances del voto, establecerá la manera como el público estará representado y la eficacia de la representación.
Dado que las elecciones son fundamentales y están estrechamente ligadas a la sucesión democrática y a la gobernabilidad, gran parte del trabajo que gira a su alrededor estará constitucionalmente protegido. Los educadores deben conocer los términos de la constitución del Estado o país, no solo para conducir adecuadamente los programas sino también el contenido primario.
Otra legislación nacional
Puede existir otro tipo de legislación más general, que tenga un impacto sobre los programas educativos. Ello puede oscilar entre lo simple y lo complejo o sencillamente llevar a la frustración. Un ejemplo de lo simple puede ser asegurarse que las publicaciones se registren, identifiquen y estén disponibles en diferentes librerías. Una legislación más compleja puede determinar si los educadores tienen el derecho a acceder a aquella propiedad que es privada, por ejemplo una finca, con el permiso del dueño o solo del ocupante. Y la frustración puede ocurrir cuando los educadores deben tener autorización y seguridad con el fin de conducir la educación en una base militar.
Esta sección sensibiliza a los educadores sobre la necesidad de monitorear la legislación que pueda tener impacto sobre su programa. En situaciones donde se puedan presentar conflictos frente al programa, los juicios tendrán que basarse en la precisión del mismo para alcanzar todos los requerimientos legales aun si estos fueron establecidos con el fin de frustrar la libre afluencia de información y educación hacia los ciudadanos. En situaciones donde probablemente no se presentarán este tipo de conflictos, los juicios estarán basados en los costos ya fijados de una legislación específica e igualmente en la habilidad para llevar a cabo un tipo particular de programa.
Existen otras áreas de legislación mucho más obvias, no obstante, hacia las cuales los educadores tendrán que dirigirse. Por ejemplo:
- Medios de comunicación y publicidad
- Seguridad
- Financiamiento y donativos
- Libertad de información
- Educación y capacitación
La legislación puede modificar la forma como se publica determinado material; por ejemplo, el cubrimiento que le dan los medios de comunicación al proceso electoral, el contenido y forma de las propagandas, y la habilidad para obtener tiempo libre al aire. Una legislación puede estimular o desanimar la diversidad de los medios de comunicación, y puede igualmente tener un impacto en el número de medios disponibles proyectados y la cantidad y profundidad del contenido y la información proporcionada a la audiencia.
Las comisiones electorales y los partidos deberán considerar las provisiones que regulan el acceso gratuito a los medios de comunicación. Probablemente existirá alguna regulación en relación con el anonimato o la necesidad de identificar a la persona, la fuente y la autoridad de cualquier material relacionado con las elecciones, incluyendo materiales de educación electoral.
En algunos países, legislaciones en torno a la seguridad pueden tener un impacto sobre reuniones públicas, su organización, tiempo y propaganda. Una parte o el material en su totalidad puede necesitar ser revisado por autoridades gubernamentales antes de su publicación. La legislación concerniente a la seguridad puede oscilar entre la más restrictiva (ya sea en una parte o en todo el país) hasta un mero apoyo a las elecciones. En dichos casos, quienes planean la educación tendrán que entender los roles de la policía y las unidades armadas al controlar multitudes, como soporte logístico, y al acceder a su propio equipo para los programas de educación al votante.
Financiar programas educativos requiere ayuda del Estado, fundaciones u otras fuentes solidarias o filantrópicas. Muchos países poseen legislación en lo que tiene que ver con la reunión de fondos o dineros, y la forma como éstos deben ser sujeto o no de impuestos.
Los programadores educativos que operan en países con libertad de información legislativa tendrán por sí solos que acatar los lineamientos de esa legislación. Por otro lado, donde no existe libertad de información legislativa, la promoción de la transparencia gubernamental se ve truncada, requisito fundamental para la efectividad de los programas de educación electoral. Donde no exista legislación relacionada con la libertad de información, o donde aquella está restringida, la educación cívica puede ser difícil más no imposible.
Dado que la educación cívica y electoral es una actividad primordialmente informal -- a no ser que se aplique un currículo específico en el sistema de educación formal - los educadores probablemente no tendrán que hacer uso de la legislación para educación general. Sin embargo ellos tendrán que cumplir con la legislación que se refiere a la contratación y empleo de educadores así como con cualquier estándar de entrenamiento nacional. Sumado a esto, ellos querrán hacer uso de cualquier directriz que se relacione con calificaciones de entrenamiento nacional.
Este repaso de la legislación no es de ninguna forma comprensivo y no toma en consideración las leyes básicas de los países. Los programas de educación cívica y organizada no están por fuera de la legislación nacional, principalmente porque están relacionados con aspectos sociales, así como con la elección del gobierno. Los educadores tendrán que comprender y ser capaces de cumplir con la legislación que se aplique en cada país. Lo anterior, puede significar que los roles de las organizaciones internacionales serán más complicados. El desarrollo de convenios con organizaciones domésticas y nativas, o la habilidad para trabajar bajo la protección de la autoridad electoral en sí, son esenciales.
