La determinación de las audiencias más apropiadas para la educación electoral no está enteramente en las manos del educador. La política, constituciones y leyes restringen o dirigen el programa.
El Papel de la Política
La educación electoral le da poder a los votantes. sta los motiva a registrarse y, una vez registrados, a votar. Los motiva a hacerse una idea sobre por quién deben votar, y les proporciona la habilidad necesaria para sopesar las opciones que se les presentan. Estas son actividades que tienen consecuencias políticas. Es por ello que no será sorprendente que los intereses políticos intenten ampliar o reducir el alcance de la información emitida por los educadores electorales a través de canales formales e informales.
En situaciones donde las elecciones han empezado a presentarse regularmente, y donde existe un consenso general sobre su beneficio y el potencial de la alternancia gubernamental, las autoridades electorales podrán establecer un programa educativo que no sea solo universal sino también inclusivo. En sociedades donde aun hay mucho de por medio y donde las elecciones están determinadas por la coerción internacional o una inclinación por establecer una legitimidad pública sin extender el poder político, existirán tentativas que buscarán reducir las posibilidades de conducir extensivamente un programa de educación al votante.
Los opositores encontrarán un amplio rango de formas para interferir en la educación electoral que irán desde la intimidación hasta la violencia, limitando el acceso a los votantes, hasta el descrédito de los educadores y sus programas, así como decisiones sobre el presupuesto, la legislación, el tiempo en el que se realizarán las elecciones, y otras materias en manos del gobierno.
Las constituciones juzgan y confieren derechos
Cuando existen constituciones, y en particular en aquellas sociedades que operan bajo declaraciones de derechos humanos, probablemente existirán cuestiones de equidad. En algunas sociedades, puede ser posible focalizar la educación electoral en grupos particulares. Empero las autoridades estatutarias podrán enfrentarse con el requerimiento que todos los votantes reciban el mismo tratamiento y un servicio igual. Dicho servicio universal puede actuar como una motivación para los educadores. Pero también puede proporcionar inhibiciones serias al tratar de llevar a cabo un programa informativo que vaya más allá de lo básico. Toda la información adicional requerirá una diferenciación, y esto tendrá que realizarse cuidadosamente, motivado de tal forma que el programa no se vea socavado por la controversia. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una batalla legal sobre si un programa debe suministrarse a un solo sector de la sociedad o si debe ofrecerse a diferentes niveles de costo a distintos segmentos del país..
Cuando no existen constituciones, ya sea porque la sociedad opera, como en Gran Bretaña, sobre la base de un conjunto de documentos y precedentes históricos o porque actualmente se encuentran en proceso de formulación de la Constitución o porque ha tenido constituciones anteriores que se han visto afectadas por un conflicto, los educadores electorales tendrán la ventaja de poder dibujar sobre los mandatos, para focalizar su educación en grupos tales como aquellas personas que han sido privadas del derecho al sufragio, combatientes, ancianos y otros. Cualquiera que sea el caso, los educadores no querrán sobrentender que un servicio universal y limitado es el más apropiado y efectivo.
La legislación establece responsabilidades y limitaciones
La legislación proporciona a los educadores electorales un mandato particular. Este mandado inevitablemente incluye la responsabilidad de proveer información o educación al votante. Mientras que es importante establecer las necesidades educativas también es importante que esta legislación juegue un papel al determinar los límites dentro de los cuales éstas serán investigadas.
Es claro que la legislación limita primordialmente a los educadores electorales oficiales. Es posible para tal grupo de personas hacer uso de sus redes y relaciones con los educadores de la sociedad civil para lograr extender su programa más allá de cualquier condicionamiento legislativo. Es la legislación, no obstante, la que determinará si la extensión del trabajo pueden financiarla los recursos oficiales.
