Los organismos electorales pueden requerir del concurso de otras agencias gubernamentales para realizar las actividades de logística electoral por razones de necesidad (por ejemplo, la seguridad fuera de los recintos electorales), por políticas gubernamentales (por ejemplo, políticas de empleo, recursos tecnológicos o laborales) o una combinación de ambas (tales como el uso de oficinas gubernamentales como sitios de votación o el uso facilidades estatales para la producción de equipo y materiales de logística electoral).
Estos pueden ser medios apropiados, en términos de costo-efectividad, para ofrecer los servicios de logística y hacer uso de recursos que, de otra forma, serían subutilizados (ver Consideraciones Presupuestales).
Dada la naturaleza de las burocracias gubernamentales en relación con el cumplimiento de las fechas límite y con las posibilidades de influencia política de las agencias gubernamentales que se encuentran bajo control ministerial, se necesita tener cuidado para que los parámetros de calidad e integridad sean definidos a través de contratos formales con otras agencias gubernamentales y no de meros acuerdos informales. Se deben poner en práctica códigos de conducta con estándares de secrecía, confidencialidad, desempeño e integridad similares a los que rigen para el personal del organismo electoral.
Dada también la tendencia de la burocracia a conducirse a través de comités, es conveniente que el organismo electoral tenga una participación importante en la toma y ejecución de las decisiones, así como en la coordinación de las funciones de logística electoral llevadas a cabo por otras agencias gubernamentales.
