Independientemente de que los objetivos políticos del gobierno se orienten al desarrollo de capacidades del sector público o a reducir sus responsabilidades al mínimo, las funciones que se confieran a compañías del sector privado se pueden determinar a través de las políticas y los recursos del sector público, en lugar de ser una responsabilidad del organismo de electoral.
En muchos contextos habrá compañías especializadas que podrán llevar a cabo de mejor manera, en términos de costo-efectividad, muchas de las funciones de logística electoral menos relevantes, las cuales se enumeran en Responsabilidades para Brindar Servicios de Logística Electoral. No obstante, puede resultar peligroso concentrarse únicamente en los costos como el factor preponderante para determinar si ciertas responsabilidades deben cederse a contratistas del sector privado.
Las propuestas de organizaciones del sector privado para llevar a cabo funciones de logística electoral deben analizarse cuidadosamente para asegurar que el contrato garantice reducciones de costos o que las ganancias a corto plazo no dañen los parámetros de confianza, integridad y calidad. Cuando se contrate a compañías privadas debe existir la seguridad de que éstas se avendrán al código de conducta del organismo electoral.
